Mediante disposición fiscal del representante del Ministerio Público de Jaén Wilder David Flores Suarez se dispuso no ha lugar formalizar investigación preparatoria contra el alcalde provincial de Jaén José Tapia Díaz y otros funcionarios de la MPJ por la denuncia interpuesta por Alfonso David Arnao Guerrero, representante de la discoteca ‘Bucaneros’, por el supuesto delito de abuso de autoridad.

Esta disposición fue notificada la tarde de ayer y tiene alcance además del alcalde a: Wilber Recalde Reyes (gerente municipal), Víctor Hugo Pérez Paredes (ex funcionario de Desarrollo Económico Local), Melayne Escudero Farro (subgerente de Fiscalización), Olger Díaz Ignacio (fiscalizador), quienes fueron denunciados por el representante de Bucaneros por el delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad.

Según la disposición fiscal, Alfonso David Arnao Guerrero, representante de ‘Bucaneros’, denunció que el alcalde a través de sus funcionarios a rajatabla dispuso declarar la nulidad de su licencia de funcionamiento. Entre otros aspectos, señalaba que no se publicó en su integridad una ordenanza municipal sobre el funcionamiento y sanciones de locales nocturno y de expendio de bebidas alcohólicas, además que no se invocó la causa de nulidad de dos licencias de funcionamiento con las que contaba Bucaneros y que según el representante seguían vigentes

Al respecto y según el análisis del fiscal para determinar que un hecho se encuadre dentro del tipo penal de abuso de autoridad, se debe tener en cuenta que los hechos se subsuman en elementos objetivos y subjetivos del tipo, como es: el bien jurídico tutelado, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva y pena por del delito denunciado.

“Del análisis global del caso y de lo recabado que obra en carpeta fiscal se determina que no existe ningún ilícito penal ocurrido, debido a que el denunciante lo que cuestiona en concreto es que se declare la nulidad de sus dos licencias de funcionamiento de Bucaneros, por haberse realizado el debido proceso de acuerdo al TUPA”, se relata en la disposición fiscal.

Además, se indica que los hechos denunciados por el representante de Bucaneros no configuran delito, aclarando que para que para que un acto administrativo emitido o realizado por un funcionario o servidor público sea considerado arbitrario, primero debe ser ilegal y abusando de sus atribuciones reglamentadas en perjuicio de alguien.

“En consecuencia, habiéndose verificado que los actos administrativos emitidos por los denunciados en ejercicio de sus funciones y en el marco de su competencia, al no haber elementos objetivos de abuso de autoridad, se emito la disposición de archivo de denuncia”, señala la disposición fiscal.

Por qué la denuncia

Esta denuncia parte desde que la actual gestión municipal liderada por el alcalde José Tapia Díaz inició la fiscalización efectiva al funcionamiento de discotecas, exigiendo primero se respete la tranquilidad de los vecinos con su funcionamiento hasta las 2 de la mañana, pero como hicieron caso omiso a las advertencias, uso las normas municipales vigentes, incluso se actualizó una ordenanza al respecto, para ordenar este tema.

Primero se intervino la discoteca Dubai, ubicado en donde funcionó la Piscina Pérez, habiendo oposición férrea a todas las acciones municipales, por lo que se procedió conforme a ley con una clausura temporal y luego una clausura definitiva, teniendo el apoyo para estas acciones de parte de la PNP, Fiscalía y Subprefectura en los operativos realizados.

Posteriormente, se fiscalizó a todas las discotecas de la ciudad de Jaén, empezando a acatar las disposiciones algunas, mientras que otras eran sancionadas de acuerdo a las faltas en que se les encontraba, dentro de ellas atención fuera del horario y presencia de menores de edad en sus instalaciones.

La discoteca Bucaneros pasaba desapercibida hasta que le tocó la aplicación de las normas municipales en su contra, mostrándose reacios, amenazantes y hasta burlándose de las autoridades en diversas oportunidades, por lo que en operativos diversos se determinó que atendían fuera del horario, porque hasta se amanecían en el lugar, y luego se encontró a menores en sus instalaciones por lo que se procedió a clausurarlos y anular las licencias de funcionamiento que logró obtener, no se sabe cómo, en la gestión municipal pasada.

Tras el cierre abrupto de la discoteca empezaron a realizar una campaña de desprestigio de la autoridad y funcionarios, para luego empezar con denuncias con la finalidad de doblegar el principio de autoridad, pero esta vez la Fiscalía no ha aceptado sus actos judiciales, ha mandado al archivo las acusaciones en contra y tendrán que respetar las disposiciones municipales, acatar las sanciones en su contra o cerrar su local y dedicarse a otras actividades.

EL DATO

Esta investigación estuvo a cargo del fiscal adjunto penal provincial Wilder David Flores Suarez, adjunto de la fiscal titular provincial Rosa Falla Salazar.

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