La Procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Jaén interpuso una demanda civil en la vía del proceso de conocimiento solicitando ante el Primer Juzgado Civil de Jaén se declare la nulidad del acto jurídico de contrato de arrendamiento de bien inmueble urbano entre la Sociedad de Beneficencia de Jaén y el Supermercado El Centro por contravenir la Constitución Política del Perú, las leyes vigentes y normas reglamentarias.

El demandado es la empresa El Centro distribuidora y comercializadora SAC, debidamente representado por su gerente general Dester Freiger Munez Díaz, quien a fines del mes de agosto del 2022 legalizó en una notaría de Jaén el contrato con la Sociedad de Beneficencia, representado por su gerenta, Lidia Ramirez Jiménez, por el alquiler del inmueble ubicado en la calle San Martín N° 1111, de propiedad de la SBJ, por el plazo de diez años.

En contra de la ley
En los fundamentos de hecho de la demanda, señala que mediante oficio N° 044-2023-SBJ/G.G., de fecha 9 de junio del 2023, el gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Jaén remite a la oficina de Procuraduría Pública el contrato de arrendamiento de bien inmueble urbano (contrato de arriendo) de fecha 11 de agosto del 2022, firmado por la CPC Lidia Marleni Ramírez Jiménez, de la Sociedad de Beneficencia de Jaén y Dester Freiger Núñez Díaz, representante de la Empresa El Centro Distribuidora Comercializadora SAC.

Posteriormente, con fecha 18 de agosto del 2023, la oficina de Procuraduría Pública solicitó a la Sociedad de Beneficencia de Jaén copia de sus instrumentos de gestión y demás directivas internas y de ámbito nacional, así como el expediente administrativo que sirvió de sustento para la suscripción del contrato de arrendamiento, sin embargo, respecto a este segundo pedido, se les informó que no obra ningún expediente administrativo que dio origen al contrato materia de proceso.

Es por ello que en la demanda se argumenta que la cláusula tercera del contrato de arriendo establece que “el plazo de renovación del contrato es por un periodo de diez años, que empezarán a regir a partir del once de agosto del año dos mil veintidós al once de agosto del año dos mil treinta y dos”. Por lo que argumenta en la demanda que en este extremo del contrato se ha contravenido el artículo 1688 del Código Civil, el numeral 173.3 artículo 173 del Reglamento de la Ley N° 29151 y el numeral 5.9 de la Directiva DIR-00004-2022/SBN “disposiciones para el arrendamiento de predios estatales”, toda vez que el plazo del contrato de arriendo puede ser como máximo hasta por seis años y no diez años como se ha establecido en el contrato.

Más irregularidades
Asimismo, observan la cláusula cuarta del contrato de arriendo “las partes acuerdan que el monto de la renta será la suma de quince mil soles (S/15,000) mensual, durante los primeros cinco años; posteriormente, a partir del vencimiento del quinto año, la merced conductiva se incrementará, de manera anual, razón de 500 soles por año, lo cual en la demanda consideran que ello ha contravenido los artículos 61 y 68 del reglamento de la Ley N° 29151 y los acápites 5.4.1 y 5.4.2 del numeral 5.4 de la Directiva DIR-00004-2022/SBN, teniendo en cuenta que todo acto de administración de predios estatales debe estar sustentado en un fundamento factico y jurídico y en el beneficio económico y/o social para el Estado; además de ello el acto jurídico impugnado no contiene un tasación en la que se sustente el monto de la merced conductiva, la misma que debe estar elaborado conforme al Reglamento Nacional de Tasaciones, aprobado por Resolución Ministerial n° 172-2016- VIVIENDA y modificatorias, o norma que la sustituya.

La Quinta Cláusula del contrato de arrendamiento también fue observada, puesto que establece que el total de la garantía es de 23,000 soles, la misma que servirá para cubrir cualquier daño al inmueble materia del arriendo que ocasione la arrendataria, pero para la oficina de Procuraduría, ello contraviene el numeral 5.13 de la Directiva DIR-00004-2022/SBN, toda vez que la cláusula de garantía de fiel cumplimiento se debió establecer por la suma equivalente a dos veces el valor de la renta mensual, es decir, la garantía debió establecerse en la suma de s/ 30,000 soles, más no en la suma de 23,000 soles, tal como se advierte en el acto jurídico impugnado.

Se debe mencionar que, en los medios probatorios de esta demanda, presentaron el Contrato de Arrendamiento de bien inmueble urbano de fecha 11 de agosto del 2022, con el objeto de acreditar la contravención a la Constitución, la ley y normas reglamentarias y el Oficio N° 117-2023-SBJ-GG/LMRJ, de fecha 29 de agosto del 2023, con el cual se acredita que no existe expediente administrativo que ha dado origen al contrato de alquiler.

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